Los alcaldes en funciones que postularon como primeros regidores en las recientes Elecciones Regionales y Municipales 2026 no recibirán la credenciales de burgomaestres para el período 2027-2030. Así lo estableció, por mayoría, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La resolución del máximo ente electoral no fue unánime, pues se resolvió con tres votos contra dos, dado que los cinco magistrados del Pleno expusieron posiciones distintas sobre los alcances de la prohibición de reelección inmediata, contenida en el artículo 194 de la Constitución.
La mayoría sostuvo que permitir esa situación vulneraría la prohibición constitucional de reelección inmediata. En cambio, los magistrados que votaron en minoría consideraron que no corresponde ampliar por interpretación una restricción que no contempla expresamente ese supuesto.
La decisión del Pleno del JNE estableció así un criterio para resolver los casos de la denominada reelección encubierta, una situación que se produjo cuando alcaldes en ejercicio postularon como regidores en listas cuyos candidatos a la alcaldía fueron retirados, excluidos o renunciaron durante el proceso electoral.
Asimismo, esta resolución impediría que el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, asuma el cargo tras terminarse de resolver las actas impugnadas en los Jurados Especiales Electorales (JEE); por lo que correspondería que Jeanette Alonzo, número dos en la lista, dirija la Alcaldía de Lima Metropolitana.
Abogado de López Aliaga anuncia denuncia por abuso de autoridad y prevaricato
En diálogo con RPP, Wilber Medina, abogado de López Aliaga, expresó su rechazo por la decisión del JNE, sobre todo contra el titular de la entidad electoral, Roberto Burneo, y del magistrado Rubén Torres, quienes votaron a favor de impedir la reelección encubierta.
"Cuando tomamos la noticia… me preocupé porque no solamente en el Perú estamos viviendo ferozmente una inseguridad ciudadana, sino también a esto hay que añadirle que estamos viviendo en una inseguridad jurídica, que hace mucho más daño que la primera", declaró en Ampliación de Noticias.
"Porque hay veces que desde la pluma se puede hacer más daño que con el arma", agregó.
Para el letrado, los magistrados mencionados han cambiado el rol del JNE como garante del proceso electoral.
"Ahora debe pasar de llamarse Jurado Nacional de Elecciones a ser Jurado Nacional de Estafa o Jurado Nacional de Alteración de la Voluntad Popular…", criticó.
Bajo ese argumento, Medina anunció que presentarán una denuncia por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.
Cabe precisar que el artículo 376 del Código Penal establece que el abuso de autoridad es cuando un funcionario público, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien.
Mientras que el prevaricato, contemplado en el artículo 418 del Código Penal, es cometido por un juez o fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas.
Una situación que se pudo evitar desde el inicio
Por su parte, el abogado especializado en derecho electoral, Martín D'Azevedo, sostuvo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debió establecer un criterio apenas se detectaron los casos de reelección encubierta en vez de esperar hasta la culminación del proceso electoral.
Consultado específicamente por el caso de Rafael López Aliaga, a quien se le permitió participar en debate municipal, el especialista remarcó que hubo dos "errores iniciales", como la demora del pronunciamiento y el impedimento inmediato al detectarse estos casos.
"Ha habido dos errores iniciales, el hecho de no parar este tipo de postulación y el hecho de no pronunciarse inmediatamente haciéndoles parar que esto esa esas postulaciones no proceden, se ha demorado demasiado, ha terminado de enredar muchísimo", cuestionó.
D'Azevedo sostuvo que la Constitución "es clara" sobre la prohibición de reelección inmediata para alcaldes.
"El Jurado ha debido decir que no pasan este tipo de candidaturas y ya tarde. En vez de trampa, con propiedad jurídica, debemos decir: 'Fraude a la Constitución, fraude a la Ley Orgánica'", apuntó.
"La Constitución es bien clara, no necesitaba interpretaciones ni nada, sino parar el asunto de la no postulación de los alcaldes que iban a una reelección encubierta desde un principio", añadió.
Finalmente, el especialista señaló que los candidatos, que pretendieron un segundo mandato a través de la reelección encubierta, quisieron burlar la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859).
