El Gobierno plantea ampliar las restricciones al teletrabajo en el sector público. Un proyecto normativo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) modificación del Reglamento de la Ley del Teletrabajo establece nuevas categorías de puestos que no podrán desempeñar sus funciones bajo la modalidad de trabajo remoto en su totalidad.
La iniciativa modifica el artículo 35 del Reglamento de la Ley 31572 para, según la exposición de motivos, garantizar la continuidad operativa de las entidades públicas, fortalecer la supervisión de los equipos y asegurar la presencia de los trabajadores que cumplen funciones consideradas estratégicas para el funcionamiento del Estado.
¿Qué trabajadores ya no podrán hacer teletrabajo al 100%?
La propuesta establece cuatro grupos de puestos que no podrán desempeñarse bajo la modalidad de teletrabajo total:
- Trabajadores con funciones directivas: la restricción también comprenderá a quienes realizan labores de coordinación de grupos de servidores, aunque no necesariamente ocupen un cargo directivo.
- Empleados y servidores de confianza: se mantiene la prohibición que ya contemplaba la regulación anterior.
- Puestos de Alta Dirección: se incorpora expresamente a quienes ocupan estos cargos en las entidades públicas, incluidos los programas y proyectos.
- Puestos con funciones administrativas e indispensables para el servicio público: es una de las principales novedades, pues la normativa anterior no contemplaba una exclusión general para estas funciones.
Este último punto podría ampliar considerablemente el número de trabajadores alcanzados por la medida. Sin embargo, la propuesta no precisa qué puestos administrativos serán considerados indispensables ni establece una relación de actividades comprendidas.
La exposición de motivos sostiene que existen funciones administrativas y de soporte cuya ejecución requiere condiciones específicas de coordinación, supervisión y disponibilidad para garantizar el funcionamiento de las instituciones.
Es preciso señalar que la propuesta no elimina por completo el teletrabajo en el sector público ni establece que todos los servidores deban retornar a la presencialidad. La restricción se refiere específicamente a la modalidad de teletrabajo total.
Es decir, los trabajadores comprendidos en las nuevas categorías podrían continuar realizando parte de sus labores a distancia, pero bajo un esquema parcial o híbrido y cumpliendo las disposiciones que establezca la autoridad competente.
En ese sentido, la iniciativa también encarga a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) regular el tiempo máximo que podrá aplicarse el teletrabajo parcial en las entidades públicas. Todavía no se ha establecido cuántos días a la semana podrán trabajar remotamente los servidores públicos.
Además, le encarga a la entidad determinar qué servicios u órganos sí pueden ser organizados en la modalidad de teletrabajo total, según su naturaleza, tomando como referencia actividades como la telemedicina o la teleeducación.
¿Qué pasará con quienes actualmente tienen teletrabajo?
La propuesta establece un plazo de 60 días calendario, contados desde su entrada en vigencia, para que las relaciones y contratos de trabajo sujetos al teletrabajo se adecuen a las nuevas disposiciones.
De esta manera, las entidades públicas deberán revisar los esquemas vigentes e identificar qué trabajadores se encuentran comprendidos en las categorías excluidas del teletrabajo total.
Quienes ocupen puestos alcanzados por las nuevas restricciones ya no podrán mantener un esquema completamente remoto y deberán adecuarse a una modalidad presencial o parcial, según corresponda.
En cambio, los servidores cuyos puestos continúen siendo compatibles con el teletrabajo podrán mantener esta modalidad, previa evaluación de la entidad.
También se prohibirá el teletrabajo desde el extranjero
Otra de las modificaciones incorpora expresamente la prohibición de realizar teletrabajo fuera del territorio nacional, salvo en los supuestos previstos en normas especiales.
La exposición de motivos señala que esta restricción busca evitar dificultades de supervisión, control y continuidad de los servicios públicos.
Entre las excepciones menciona los casos regulados por normas especiales, como determinadas funciones diplomáticas, las comisiones de servicios en el extranjero y el supuesto contemplado en el artículo 8-A de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, referido a la gestión digital del Despacho de la Presidencia de la República.
La propuesta también mantiene la posibilidad de considerar la realización de estudios en el extranjero como un criterio para evaluar solicitudes de teletrabajo. Sin embargo, esta disposición no constituye por sí misma una autorización para trabajar remotamente desde otro país, debido a la nueva restricción territorial.
El proyecto aún no es una norma vigente. El MTPE dispuso su publicación mediante la Resolución Ministerial 352-2026-TR, con el fin de recibir comentarios, aportes y opiniones durante un plazo de 15 días calendario, periodo en que los trabajadores, empleadores, entidades públicas y privadas, organizaciones y ciudadanos podrán enviar sus observaciones al ministerio.
