El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, se refirió este lunes a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto a la prohibición de entregar credenciales de alcalde a autoridades en funciones que postularon como primeros regidores, y que entre otros candidatos afecta al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.
En el programa Las cosas como son de RPP, Álvarez sostuvo que las reglas de juego en las contiendas electorales deben ser claras y fijarse al inicio del proceso, a fin de que se eviten interpretaciones tardías que generen inestabilidad en el electorado.
"En lo que no hay debate y todos los analistas estamos de acuerdo es de que las reglas electorales se expresan al inicio del proceso. Cuando se convoca el proceso ya no puede modificarse la legislación ni los reglamentos", indicó.
Como se sabe, el último viernes el JNE resolvió por mayoría de tres votos contra dos que los alcaldes en ejercicio que se presentaron como primeros regidores incurren en una figura de reelección encubierta. Este criterio impide que el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, reciba la credencial para asumir la Alcaldía de Lima, derivando la titularidad en la segunda regidora de su lista.
El ministro insistió en que las normas de sucesión debieron ser precisadas desde la convocatoria del proceso por el ente rector.
"Con estos elementos, el Jurado Nacional de Elecciones desde el inicio ha debido zanjar el tema. No lo hizo y ahora estamos en una situación que cómo se va a dirimir", señaló.
Acciones legales e impugnabilidad de decisiones del JNE
La resolución del JNE provocó el rechazo de la organización política Renovación Popular y de la defensa legal de López Aliaga, la cual anunció la presentación de denuncias penales por abuso de autoridad y prevaricato contra el presidente del JNE, Roberto Burneo, y el magistrado Rubén Torres.
Respecto a las alternativas legales frente a la resolución del JNE, el ministro Álvarez advirtió que solicitar una medida cautelar ante el Poder Judicial no resolvería la controversia de fondo.
Álvarez explicó que los plazos ya no permiten acudir al Tribunal Constitucional y que un recurso judicial generaría un choque de competencias entre fueros.
El titular de Justicia enfatizó que el ente electoral sostiene la inimpugnabilidad de sus decisiones en pleno proceso.
"El jurado no acata en materia electoral, en pleno proceso electoral... el juez electoral es el jurado. Hacer lo contrario significaría abrir verdaderamente las compuertas del caos y del desorden", advirtió.
