El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, defendió este lunes la promulgación del Decreto Legislativo N.º 1743 que modifica el Código Penal con el establecimiento de mayores garantías legales para quien actúa en defensa propia, de su familia o de su patrimonio ante actos delincuenciales.
En el programa Las cosas como son de RPP, el ministro indicó que la nueva disposición legal determina que, ante un evento de violencia, se presumirá la racionalidad del medio empleado por la víctima desde su propia perspectiva en el momento de la agresión.
"Si yo me defiendo o defiendo a mi familia o defiendo mi hogar posiblemente con mi pistola autorizada por Sucamec; (me) defiendo en el paradero del ómnibus contra a un asaltante que viene con cuchillo, yo no puedo pensar en la proporcionalidad, el famoso principio de de proporcionalidad y pensar en que tengo que buscar un cuchillo para actuar en contra de alguien que es avezado y experto en manejar el cuchillo", sostuvo Álvarez.
El titular del Minjusdh señaló que la norma busca evitar investigaciones penales innecesarias o prolongadas contra ciudadanos que repelen delitos, disponiendo que el Ministerio Público deba visar el archivo de lo actuado si concurren los supuestos de ley.
"Lo que hemos dicho es algo muy claro, La carga de la prueba está [...] a cargo del fiscal si las evidencias señalan de que ha habido un asalto o ha habido ladrones que han entrado a una casa [...] se presume que la persona que ha actuado lo ha hecho en legítima defensa, salvo prueba en contrario", indicó.
Este lunes, el Poder Ejecutivo hizo oficial en el diario oficial El Peruano la publicación de un paquete de dos decretos legislativos dictados al amparo de las facultades delegadas concedidas por el Congreso.
Este conjunto de reformas abarca la modificación del Código Penal en materia de legítima defensa y el endurecimiento del marco de sanciones para combatir la extorsión, el sicariato, el secuestro y la ciberdelincuencia. Ayer, domingo, se publicó otro decreto sobre la regulación de la intervención de las Fuerzas Armadas en el perímetro de los establecimientos penitenciarios.
Sanciones contra la infraestructura financiera criminal y ciberdelincuencia
En materia de lucha contra el crimen organizado, el ministro Álvarez explicó que la nueva normativa busca golpear de manera directa la estructura operativa de las bandas dedicadas a la extorsión, el sicariato y el secuestro.
El titular de Justicia detalló que se ha tipificado como cómplices necesarios a aquellas personas que prestan o facilitan sus cuentas bancarias y billeteras digitales para recibir, retirar o lavar el dinero exigido a las víctimas, pues sostuvo que sin este soporte logístico y financiero resulta imposible que las organizaciones delictivas continúen funcionando en las calles.
Asimismo, Álvarez advirtió que la legislación extiende la máxima severidad a la ciberdelincuencia, señalando que los técnicos informáticos o hackers contratados por redes delictivas para vulnerar sistemas de entidades bancarias o de instituciones públicas como el INPE serán juzgados dentro del delito principal.
El ministro precisó que estas conductas informáticas, que anteriormente recibían penas leves de dos a tres años de cárcel, ahora contemplan sanciones de 15 a 25 años de pena privativa de la libertad.
Fiscalización y mecanismos de control parlamentario
En relación con la vigencia de estos tres decretos legislativos expedidos por el Ejecutivo, el titular del sector Justicia aclaró que el Congreso ejercerá sus facultades de control y fiscalización.
La evaluación legal de las normas iniciará en la Cámara de Diputados, fuero donde se puede elaborar un dictamen orientado a modificar, desnaturalizar o derogar los decretos promulgados si se considera que exceden el marco de la delegación dada.
En caso de aprobarse una modificación o derogatoria en la Cámara de Diputados, el texto pasará al Senado para su decisión final.
"Con mayoría en diputados pueden presentar un dictamen para derogarlo o para modificarlo, desnaturalizarlo y en Senado se decide", detalló Álvarez.
Además, indicó que si existieran desacuerdos en el Parlamento o entre las cámaras, un grupo de diputados se encuentra facultado para interponer una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
